PODER CIVIL Y RELIGIOSO Edición 166 - Abril 2013
Por Juan Cruz Esquivel
Doctor en Sociología
CONICET - UNAJ/UBA
La elección de Jorge Bergoglio como máxima autoridad vaticana reactualizó una lógica procedimental y discursiva muy arraigada en la cultura política argentina: las apelaciones a lo religioso (a las instituciones, a sus referentes, al universo de símbolos y lenguajes) bajo la pretensión de transferir legitimidades hacia la arena de la disputa política.
En este caso, una amalgama de imaginarios y representaciones plasmadas en un repertorio de prácticas "naturalizadas‟ moldea un modus operandi que atraviesa al oficialismo y a la oposición.
Aquellos resquicios de confesionalidad en la cultura política que parecían adormecidos en los últimos años, parecen haberse recreado con intensidad ante el ascenso de un papa argentino.
Este diagnóstico no se inspira apenas en el encuentro de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner con Francisco –si bien se trató de un acto entre dos Jefes de Estado, las implicancias de la reunión podrán ser apreciadas en la agenda legislativa y de gobierno en el corriente año. Se nutre fundamentalmente en la desenfrenada carrera desatada en horas nomás por “apropiarse” de la áurea legitimadora del nuevo Sumo Pontífice.
Por un lado, agrupaciones kirchneristas se vuelcan a participar de las misas como una actividad militante más. Los afiches en el espacio público con la frase “Francisco I: Argentino y Peronista” y la cara de Jorge Bergoglio remiten a una matriz conceptual que integra lo popular y lo católico en tanto díada fundante de nuestra identidad como nación. La misma frase revela también la simbiosis político-religiosa y la marcada disposición de los actores políticos por no disociar ambas esferas. Las intervenciones de muchos de sus dirigentes abrevaban genuinamente a la matriz mencionada, la cual, a su vez, confluía con la estrategia de no dilapidar el capital político y, si fuera posible, incrementarlo con la aproximación al papa. “No regalarle el papa a la oposición”: he aquí la consigna.
Justamente en el arco opositor, la nominación de Bergoglio como número uno de la Iglesia católica fue interpretada como una oportunidad insospechada para recuperarse en el escenario político nacional. Los conflictos y desavenencias con Néstor Kirchner cuando estaba al frente de la Conferencia Episcopal Argentina y como cardenal de Buenos Aires por un lado, y la afinidad de varios de los referentes de la oposición con Francisco por otro, proyectaban ventajas comparativas en la carrera por posicionarse como “los representantes políticos” del papa en nuestro país. En ese dispositivo estratégico, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, embanderó el edificio de gobierno y el obelisco -símbolo de la capital- con los colores argentinos y vaticanos. Asimismo, otorgó asueto en todos los colegios de la ciudad, con motivo de la asunción del papa (vale aclarar, idéntica resolución firmaron los gobernadores de Formosa, Chaco, La Rioja y Santa Cruz). Las medidas adoptadas por Mauricio Macri no solo contradicen el artículo 24 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, referido al carácter laico de la educación pública, sino también violan el principio de neutralidad religiosa del Estado, invistiendo a este último con un componente confesional propio de los regímenes teocráticos.
No es aventurado imaginar una disputa para ver quién “primerea” en la designación de calles, hospitales, escuelas, autopistas, plazas, estadios, con el nombre del papa Francisco.
Ahora bien, no estamos frente a un fenómeno novedoso. En la historia argentina, gobiernos de diferentes signos han apelado al apoyo eclesiástico como una de las principales fuentes de legitimidad. Recordemos que los clérigos participaron de la Revolución de Mayo, en la declaración de la independencia de 1816 y en la Constitución Nacional de 1853. Que hasta fines del siglo XIX, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones se registraban en las iglesias y las votaciones se hacían en las puertas de los templos. No exentos de momentos conflictivos y de desentendimientos diplomáticos, el catolicismo asumió un papel central en la configuración del modelo de Estado-Nación: merced a su aporte cultural y religioso, contribuyó en el proceso de integración de la sociedad. Tanto en gobiernos democráticos como dictatoriales, la institución católica asumió un papel preponderante en términos de legitimación de los procesos políticos.
A partir de su fortalecimiento institucional, allá por la década del '30 del siglo pasado, se empeñó por catolizar al Estado, a sus estructuras y a sus cuadros dirigentes. Buscaba así garantizar una presencia activa en el terreno político y social, penetrar con el mensaje evangélico a todas las instituciones y estructuras mundanas. Desde este marco de referencia debemos comprender los entramados de complementariedad que han teñido las relaciones Iglesia-Estado en la Argentina y que permean las cosmovisiones de la política.
Se ha cimentado en la dirigencia política un repertorio conceptual que visualiza al catolicismo -a sus instituciones y grupos, a su jerarquía, a sus símbolos- como proveedor de legitimidad. Prevalece una cultura política que naturaliza la presencia de la institución católica en la sociedad política, basada en la firme percepción del crédito extra-político que los propios actores suponen que el vínculo con las autoridades eclesiásticas proporciona.
Para ello, en múltiples oportunidades, se han desprendido de buena parte de las obligaciones de gobierno: han delegado directa o indirectamente en la Iglesia Católica el diseño, la formulación y hasta la implementación de determinadas políticas públicas, fundamentalmente en materia educativa, de planificación familiar y social.
Gobernantes que consultan a obispos para designar ministros, candidatos que buscan sacerdotes como compañeros de fórmula, la perdurabilidad del Tedéum(1) a nivel nacional que se replica en el plano provincial y municipal, normativas que otorgan un status privilegiado al catolicismo respecto a las demás confesiones religiosas, la presencia de dirigentes políticos en las misas oficiales de la Iglesia, la transmisión de ceremonias católicas en los medios de comunicación oficial, vírgenes entronizadas en el edificios públicos (poder ejecutivo, legislativo, judicial, comisarías, universidades, hospitales, escuelas, aeropuertos, etc.), líderes partidarios que se sienten representados por dignatarios religiosos, visitas periódicas a referentes eclesiásticos para discutir cuestiones de agenda política, son algunos indicadores de un vínculo que ha naturalizado un abanico de prácticas por parte de quienes conducen el gobierno, más allá del signo político, y de quienes conducen la Iglesia católica.
Esos imaginarios se ven actualizados en momentos crisis políticas o ante acontecimientos que colocan a lo religioso en el centro de la atención mediática y social. Es allí cuando lo religioso gana un espacio como mecanismo sustituto. La presencia social, cultural y política de los actores religiosos -fundamentalmente del catolicismo- instituye a "lo religioso‟ como productor de sociabilidad y como herramienta instrumentalizada desde la dirigencia política para interpelar a la sociedad desde otros escenarios. La baja receptividad del ideario del Estado laico, correlato de esa naturalización de la presencia pública de la Iglesia católica, refuerza el desapego y desinterés de la clase política en autonomizar su praxis de la ascendencia eclesiástica y en anclar las fuentes de legitimidad exclusivamente en el propio campo de la política.
En la última década, una secuencia de normativas y políticas públicas tendientes a ampliar derechos ciudadanos evidenció un distanciamiento relativo de la Iglesia católica del lugar de interlocutor privilegiado. En la aprobación de las leyes de educación sexual y de matrimonio para personas del mismo sexo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), la permisión a la ligadura de trompas y vasectomía como prácticas quirúrgicas de anticoncepción sin necesidad de una autorización judicial; la distribución de la "píldora del día después‟ en los centros de atención primaria y hospitales públicos, su injerencia se mostró limitada.
Una primera impresión habilitaría a afirmar un claro avance de la laicidad en el escenario argentino. Pero ¿cuántas de estas normativas se traducen en políticas públicas concretas? ¿En qué medida tienden a construir una nueva cultura política, desprovista de fuentes de legitimidad confesional?
Un análisis más agudo nos permitirá comprender que la aprobación de aquellas normativas responde más a un contexto de profundización democrática, de defensa de los derechos humanos, de incorporación de minorías a umbrales de ciudadanía, de mayor sintonía entre los espacios de representación política y las demandas provenientes de diversos actores sociales.
Pero las instancias de reconocimiento a nuevos derechos civiles no han derivado en la construcción de una autonomía del poder civil ante el poder religioso como signo del vínculo institucional en el largo plazo. Las disposiciones en materia de salud sexual y reproductiva o incluso, la del matrimonio igualitario, remiten más a la posición de un gobierno -o de algunos funcionarios o legisladores en particular- que a una concepción de Estado arraigada en la clase política.
Se abre en la actualidad un nuevo escenario político en el que la figura del papa argentino se posiciona como un actor ineludible. No solo por las posibles definiciones o indefiniciones gubernamentales en torno a gestión educativa o en materia de salud sexual y reproductiva. El propio dispositivo político ubicará a Francisco como un protagonista inexorable. Sus homilías serán “traducidas” a favor o en contra. Su visita a la Argentina será motivo de especulaciones y cálculos. Toda acción u omisión del papa será interpretada desde clivajes políticos. Y la propia institución religiosa analizará con los mismos registros cada una de sus decisiones y pronunciamientos. Los tiempos, los gestos y las palabras serán decodificados desde múltiples aristas.
En definitiva, entra en una nueva fase la política doméstica, convertida en un gran tablero de ajedrez con piezas religiosas que han recobrado mayor centralidad. Un juego, con equilibrios inestables, tensiones internas y también externas, si las organizaciones ligadas a los derechos sexuales y reproductivos consiguieran instalar sus agendas en ese tablero político. Demasiadas encrucijadas para analizar en la política que vendrá.
(1) Esta ceremonia, que rubrica la „consagración sagrada‟ del poder democrático, es solicitada por los sucesivos presidentes, a pesar de no estar prescripta en ninguna legislación.
J.C.E.
¿Peronista? ¿Moderado? ¿Conservador? ¿Populista? ¿Cómo definir el perfil eclesiástico del ahora papa Francisco? Sin dudas, estamos frente a una personalidad compleja, que desafía los intentos de etiquetamiento. Más aún, las categorías políticas muestran su insuficiencia para describir la estructura de pensamiento y la cosmovisión del actual Sumo Pontífice.
Es pertinente trazar un cuadro conceptual de referencia para aproximarnos a una caracterización de Jorge Bergoglio que integre sus posicionamientos ideológicos con sus orientaciones pastorales. La apuesta, entonces, es discernir los componentes de su eclesiología.
Por eclesiología, se entiende un modelo integral de pensar la Iglesia católica, que comprende no sólo los aspectos doctrinarios y litúrgicos, sino también la forma en que la institución instrumenta su presencia en el mundo y el conjunto de postulados que carga consigo para insertarse en el orden temporal y relacionarse con los diversos actores de la sociedad civil y política. Una cosmovisión completa dotada de definiciones y planteamientos para todos los órdenes de la vida social y que además contempla una mirada introspectiva.
Reconozcamos que resulta más sencillo describirlo por la negativa. No es el papa Francisco una expresión nostálgica del paradigma de la Cristiandad. Basado en principios teológicos monistas, este modelo eclesiológico, en esplendor en la Edad Media y con no pocos adeptos dentro del mundo católico en la actualidad, no renuncia a que la realidad espiritual absorba al mundo de lo temporal.
Pero tampoco el papa Francisco abona a los postulados de la modernidad que contempla aquellos campos como autónomos y diferenciados. De tradición europeizante, esta línea, inspirada en el documento conciliar "Gaudium et Spes‟, ha sostenido una separación de los dos órdenes: el temporal y el religioso.
Lejos del modelo de las monarquías medievales, pero lejos también de las repúblicas modernas basadas en los parámetros del liberalismo que al disociar el orden temporal con el religioso, pretendían circunscribir este último al ámbito de la sacristía. Por el contrario, la promoción de una sistemática presencia en el espacio político y social deja entrever el arraigo de una matriz integradora de lo político, lo social y lo religioso en Jorge Bergoglio. La cuestión social y política aparece como inherente a la dimensión cristiana. La misión de la Iglesia está en "este‟ mundo.
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